Mario Iguarán Arana, vallecaucano, de 52 años de edad, abogado externadista de profesión, es el actual decano de la facultad de derecho de la Universidad Manuela Beltrán. Antes, fue fiscal general de la Nación, viceministro de Justicia y catedrático.
En esta entrevista, expresa su opinión sobre los diálogos de paz en La Habana, la administración del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y cuenta su paso por la embajada de Colombia en Egipto. También habla sobre su experiencia en el caso Colmenares, pues es el defensor del joven Carlos Cárdenas.
¿Qué proyectos destaca durante su gestión como Fiscal General de la Nación?
Nos correspondió la implementación del nuevo sistema penal acusatorio. Esto fue toda una revolución jurídica, era impensable en Colombia, pero para el 2005 nos correspondió la implementación en todo el territorio nacional. Igualmente, para ese mismo período, nos correspondió la implantación de un sistema de justicia transicional, que se llamó Justicia y Paz, en aras de lograr no solo justicia, sino verdad y reparación.
¿Qué piensa usted de los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Santos y las Farc?
Tiene muchas críticas que son válidas y son importantes porque permite también reflexionar. Le apostamos y respaldamos todas estas salidas negociadas de alguna manera, siempre y cuando existan unos mínimos de justicia y un máximo de verdad y de reparación para las víctimas. Obviamente un proceso de paz, en lo que tiene que ver con los mecanismos judiciales, no se puede lograr a través de la justicia ordinaria del proceso y las penas ordinarias. Solo se logra por medio de los procesos y las penas transicionales, donde hay que sacrificar unos mínimos de justicia. Si a esas penas mínimas o alternativas se le agrega un máximo de verdad y reparación, pues la gente como víctima se va a sentir conforme, entonces podremos hablar de justicia.
¿Está de acuerdo con que a los guerrilleros de las Farc se les reduzcan las sentencias?
Desde la óptica judicial se reconoce que en Colombia hay un conflicto armado, incluso es importante decir que las Farc incurrieron en delitos o en conductas violatorias del Derecho Internacional Humanitario (DIH). No se puede decir que se violó el DIH sin reconocer que hay un conflicto armado. La idea es acabar con este. Si lo que queremos es la paz, la reconciliación, hay que sacrificar unos mínimos de justicia. Que se diga la verdad y las penas que sean alternativas. No es descabellado lo que decía el Fiscal General de la Nación en cuanto a que una pena alternativa o una de las tantas que se les puede imponer es por ejemplo que ellos procedan a adelantar el desminado del territorio.
¿Cree que este proceso de paz genera impunidad?
Estamos ante la impunidad total, pues no conocemos que se haya hablado de unos mínimos de justicia, cuando en el proceso de Justicia y Paz se habló de entrada que iban a estar privados de la libertad por ocho años.
Pero también hay que rescatar que tampoco le hemos escuchado al Gobierno ofrecer o prometer impunidad, lo que ha dicho es que están discutiendo, tienen una agenda y seguramente van a llegar a este punto. No puede salir el proceso de paz con impunidad absoluta. Eso no resiste un examen por parte de la comunidad internacional y no solo vamos a tener una crítica, una censura de la comunidad internacional, sino a las cortes internacionales. Lo importante para la justicia transicional es lograr el equilibrio entre justicia y paz para que usted no llegue al total sometimiento. La paz no puede llegar a la absoluta impunidad.
Cuando fue elegido fiscal general de la Nación, ¿qué apoyo obtuvo del expresidente Álvaro Uribe Vélez?
Me tocó tomar decisiones muy difíciles, muy duras, que de alguna manera afectaban el Gobierno. Me tocó judicializar, capturar, acusar y pedir condena para directores del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), el presidente del Senado, Mario Uribe, y tomar decisiones difíciles con lo que tiene que ver con los ‘falsos positivos’. Nunca se había tomado una decisión judicial sobre el particular y obviamente eso pudo haber afectado la relación. Doy fe del respeto del expresidente Uribe hacia la justicia y de su inclinación reverente al final ante las decisiones judiciales. Su capacidad de trabajo y sentido de pertenencia con este país lo volvía un aliado. Trabaje con él para combatir la criminalidad.
¿Qué recuerdo puede rescatar de su paso por la embajada de Egipto?
Fue un privilegio. Escriben de derecha a izquierda, su pensamiento es distinto al de nosotros, es fascinante, es la cuna de la civilización. Me tocó un momento muy difícil, pero resultó un privilegio: viví la primavera árabe. Como colombianos hemos tenido que convivir desafortunadamente con las bombas y la violencia. Sin embargo, debo reconocer que allá sentí físico y verdadero temor por lo brusca que fue la revolución. O una cosa es verla o leerla en algún medio y otra es vivirla, como la viví yo.
¿Por qué aceptó la defensa del joven Carlos Cárdenas implicado en el caso Colmenares? ¿qué le llamo la atención de este caso en particular?
Estoy dispuesto a defender incluso a alguien que sea culpable. Hoy tengo un caso donde las personas son culpables y lo que estoy buscando es cómo se puede recompensar de alguna manera a las víctimas y cómo se puede mostrar una circunstancias atenuantes de responsabilidad. No puedo aspirar a demostrar que es inocente cuando es culpable. Eso lo quiero dejar claro, no defiendo solo a inocentes. Cuando lo acepto, está el testigo José Wilmer Ayola, de ese testimonio deduje que era falso, enmendado, mentiroso, fue tan grosera la mentira que además de descartarlo lo judicializaron y lo capturaron.
¿Qué encontró durante la investigación?
Según la investigación y el juicio que se levantó por la muerte del joven Colmenares, mi convencimiento por lo que tengo y he conocido del proceso es que Carlos Cárdenas es inocente. En un comienzo no me atreví a decir si era un accidente porque no tenía los elementos para decirlo, pero lo que sí puedo decir es que Cárdenas, desde un principio por lo que él me manifestó y lo que encontré, es inocente. Para ese momento cuando acepto el caso solo había un testigo, ya ustedes vieron cómo la Fiscalía lo desechó y normalmente cuando un juez o un fiscal ve que un testigo no le sirve, lo deshecha.
¿Ha recibido algún tipo de amenaza por involucrarse en el caso?
Como fiscal general firmé la extradición de mucha gente e incluso como viceministro firmé la extradición de los Rodríguez Orejuela, libré orden de captura contra los hijos de los Rodríguez Orejuela, me metí en lo de los ‘falsos positivos’, en lo del DAS, y reabrí la investigación del Palacio de Justicia por desaparición. Ni siquiera como Fiscal recibí amenazas tan concretas, tan directas, como ahora con el caso del joven Colmenares. Entonces aquí hay algo de una oscuridad tal que es inexplicable.
¿Qué piensa de la administración del alcalde Gustavo Petro?
He tenido la oportunidad de acompañar al exgerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Diego Bravo, con el tema de las basuras. En ese acompañamiento, como un ciudadano más, concluyo que en la administración de Petro no hay corrupción (con en otras administraciones), pero lo que sí hay es una improvisación, subestiman mucho el conocimiento y no respetan la ley.
¿Qué consejo le daría al Fiscal Eduardo Montealegre?
Que no se vaya a desanimar en poner la Fiscalía a disposición del proceso de paz. Es importante que no se vaya a dejar mermar en sus intenciones por las críticas que le puedan hacer. Él tiene el deber de aportar al proceso de paz.
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